El Instituto Nacional de Estadística publicó en diciembre con unos datos devastadores: la tasa de actividad de personas con algún tipo de discapacidad es de un 33,9%, casi 45 puntos más baja que las personas sin discapacidad. Así mismo, los datos relativos a la ocupación son igual de alarmantes: un 23,4% de personas por un 60,9% del resto. Además, por estratos son los jóvenes y las mujeres con discapacidad los grupos con mayor riesgo de exclusión social.  Ante estos números se pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas para reducir el riesgo de exclusión de personas con discapacidad de forma transversal, de forma que se produzca un cambio en las dinámicas de desigualdad social que fomentan y generan la exclusión.

En una primera aproximación, se deben elaborar políticas de inclusión suficientes dirigidas a las personas con discapacidad afectadas, incidiendo especialmente en los grupos más sensibles, de forma que generen los cambios estructurales para hacer desaparecer los factores que originan la exclusión. Así mismo, estas políticas deben materializarse con eficacia.

Las instituciones públicas deben garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando barreras e impulsando medidas que generen oportunidades en función de sus necesidades, de manera que se reduzca la desigualdad actual existente. Es fundamental que desde la administración se impulse y fomente el cambio a las instituciones privadas, señalando las directrices de actuación.

Desde el sector privado, se debe reducir el riesgo de exclusión de las personas con discapacidad desde varias líneas de actuación. Por un lado desde la banca, dinamizando la intervención social mediante fundaciones y aportando financiación. Desde la empresa, se debe cumplir la ley no por obligatoriedad, sino por responsabilidad, haciendo valer la Responsabilidad Social Corporativa como medio para ser una empresa mejor, aportando valor a la sociedad de la que forma parte haciéndola más justa.

A su disposición para favorecer la integración, el sector privado cuenta con bienes materiales, capital humano, apoyo a proyectos y ofreciendo puestos de trabajo a personas con discapacidad, tal y como hacemos en Diversis desde nuestro nacimiento.

Fundamental para frenar el riesgo de exclusión de personas discapacitadas es el acceso a la formación. De acuerdo con el informe del INE, a mayor formación académica, la tasa de desempleo es inferior, tanto para personas discapacitadas como no. La generación y transmisión de conocimiento a la sociedad, así como la labor de integración y sensibilización es clave.

En último lugar deben ser las personas que conforman la sociedad en su conjunto las que trabajen activamente por la integración, dejando las individualidades en un segundo plano y preocupándose por el bien común con el objetivo de construir una sociedad mejor.

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