Con la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros anunciada por el gobierno recientemente, en muchos negocios ha tocado sentarse a hacer cuentas e incluso repasar el tema de la viabilidad. En este sentido, los centros especiales de trabajo se mantienen alerta porque por convenio, estos lugares cuya plantilla integra al menos un 70% de personas con discapacidad, sus empleados reciben precisamente el SMI.
A diferencia de los centros especiales sin ánimo de lucro, dependientes totalmente de las partidas destinadas a tal fin, aquellos centros especiales con ánimo de lucro tendrán que cuadrar sus cuentas y variar sus estrategias, algo que en algunos casos puede llevar la reducción de plantilla, la repercusión en los clientes y finalmente, en la aportación de la administración.
Vaya por delante que la subida de salarios es siempre una buena noticia, tanto para los trabajadores como para la sociedad en la que se integran. El problema llega cuando es el estado el que aporta el 50% de las nóminas y cuando además en los últimos tiempos, ciertos CEE han sufrido recortes. Con esta subida, son muchos los que se plantean la necesidad de que el estado suba su aportación a estos centros orientados a acercar a las personas con discapacidad al mercado laboral, una acción social que puede verse afectada de no ser así.
Tras conocerse el anuncio, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo lanzó un comunicado celebrando la medida pero instando al gobierno a tenerlo en cuenta en la partida presupuestaria orientada a los CEE, algo que de momento repercutirá tanto en las empresas como en las comunidades autónomas.
Con la no aprobación de los presupuestos generales y la convocatoria de elecciones, todas estas medidas quedan en stand by, dejando en serio riesgo la existencia de algunos centros especiales de empleo .
