En Aragón estamos de enhorabuena. Y es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma considera imprescindible la creación de un nuevo marco jurídico para las personas con discapacidad con el objetivo de lograr una igualdad real respecto al resto de ciudadanos.

Así, María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (que recientemente acudió a visitarnos con motivo de los Premios Diversis) y Vicente Guillén, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales y consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, respectivamente, han firmado una orden para iniciar el proceso para la elaboración de un “Proyecto de Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con Discapacidad”.

Nuevo Proyecto de Ley

De este modo, desde el gobierno se considera que:

las personas con discapacidad conforman un grupo particularmente vulnerable y numeroso, para el que deben establecerse las condiciones necesarias en orden a evitar la restricción de sus derechos básicos que condicionan u obstaculizan su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.

El objetivo es claro: la redacción de herramientas que posibiliten que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como el resto de la población, situándolos en igualdad de condiciones y oportunidades de manera real y efectiva.

Este proyecto de Ley ya estaba contemplado en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón,  donde se especifica la necesidad de la eliminación de las causas y efectos de todas las formas de marginación social o exclusión mediante un sistema público de servicios sociales que atienda a estas personas y grupos en riesgo.

Actualmente se encuentra en vigor la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón,  donde se promueve el bienestar social de toda la población y el desarrollo de las personas mediante el acceso a los servicios sociales. No obstante, el Gobierno de Aragon la considera no suficiente, siendo necesario avanzar tanto en la legislación como en las actuaciones públicas para lograr verdaderamente la igualdad de condiciones. Sin, duda, el inicio del proceso para poner en marcha la elaboración de un Proyecto de Ley de Derechos y Obligaciones de las Personas con Discapacidad es una muy buena noticia para todos los que trabajamos por la igualdad de todos los ciudadanos.

Vía | El Heraldo de Aragón

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