El periodo de la declaración de la renta del 2017 está a la vuelta de la esquina. Tanto si la haces con el programa PADRE, con un asesor o por tu cuenta, seguro que te plantearás qué hacer con el IRPF o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Aunque realizar la declaración de la Renta es un trámite que no gusta a nadie, el pago de nuestros impuestos posibilita poder sufragar servicios que proporciona el Estado a todos los habitantes como la sanidad o la educación, pero también para lo social, y dentro de este área se encuentran las personas con discapacidad, además de otros muchos fines sociales.

Como ya sabrás, existe una casilla  para destinar un porcentaje del IRPF para colaborar con la Iglesia católica y otra para otros fines de interés social.  Puedes marcar una, ambas o quizás también puedes optar por no marcar ninguna. Elijas lo que elijas, no se modificará el cómputo global, o sea que saldrá igualmente a pagar o a devolver.

Si decides marcar la casilla de la Iglesia, se donará el 0,7% del IRPF total al sostenimiento de la Iglesia. Por otro lado, si selecciones proporcionar el 0,7% del IRPF a subvencionar actividades de interés social, parte de este impuesto irá a la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo, sin olvidarnos por supuesto de la atención a las personas con discapacidad.

Has de saber que si marcas ambas casillas, se destina  un 0,7% a cada una de las opciones y que si no marcas ninguna, el 0,7% de la cuota total del IRPF  irá a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines generales.

Como se puede deducir, se trata de un porcentaje pequeño y muy diversificado que sirve para numerosas causas sociales, por ello se ha optado por descentralizar el IRPF para que sean las propias comunidades autónomas las que decidan  dónde va esa contribución de los ciudadanos, como podemos ver en el BOA de  la Comunidad de Aragón. Por ejemplo, durante el 2017, el Gobierno de Aragón recibió 8,8 millones transferidos por el Estado para financiar a entidades sociales con cargo al 0,7% del IRPF. De esos 8,8 millones, 8,2 fueron destinados a proyectos de intervención y apoyo y el resto a inversión en infraestructuras.

Además, en el caso de la comunidad autónoma aragonesa, existe un proyecto de ley de derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en Aragón que a priori sienta las bases para que se tenga en cuenta a este sector de la población. Los beneficios sociales de construir una sociedad más justa, equilibrada y sin discriminación son muchos e intangibles.

Tras 30 años, desaparece la gestión de asignación de IRPF social de forma central, que se asignaba mediante ONGs nacionales, aunque se ejecutaba de forma territorial.  De este modo, el Estado pierde su forma de intervención en causas sociales, derivándolo en las regiones. ¿Será viable y eficaz la nueva forma de gestión territorial? 

 

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