Estamos terminando 2018 y desgraciadamente, la accesibilidad de las personas con movilidad reducida es todavía una quimera. Acciones tan simples como cruzar la calle o acceder a un edificio todavía es un reto para muchas personas con discapacidad. Y es que a pesar de la legislación vigente que busca la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, todavía queda mucho por hacer en materia de accesibilidad universal para la supresión de barreras efectivas en la realización de actividades básicas de la vida diaria.

En el caso de la accesibilidad urbanística no hace falta irse muy lejos: La accesibilidad en el sector público es uno de los asuntos que más debería sonrojarnos al conjunto de la sociedad, y a la administración en concreto. Aunque hay avances en la materia, todavía es frecuente encontrar servicios sin opciones para personas con discapacidad, ausencia de rampas o rampas a las que físicamente es muy complicado de acceder, pasillos y espacios reducidos… Y eso que hablamos de un sector público que debería predicar con el ejemplo.

Un peldaño más abajo se encuentra la accesibilidad en el sector privado. A pesar de existir marcos de regulación jurídica de la accesibilidad para minimizar la existencia de estas barreras, sucede algo parecido a lo que pasa en el sector público: cada vez se ven más rampas, accesos, elevadores, servicios… pero seguimos fallando en lo más básico: un simple escalón, una rampa muy estrecha o inclinada, corredores estrechos llenos de obstáculos.

En actividades como desplazamientos estas barreras son aún un obstáculo insalvable, según vimos en el estudio de accesibilidad en viajes realizado por ONCE y la fundación ILUNION que se puede resumir en que la accesibilidad en el transporte todavía está muy verde. Y esto solo para personas con movilidad reducida, porque se han visto incluso letreros braille en los que los signos no estaban en relieve, sino pintados. Buenas acciones de cara a la galería que no se traducen en una ayuda efectiva.

No obstante, la legislación avanza y se van tomando medidas lentamente. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público que tiene como objeto mejorar la accesibilidad web.

¿Llegará un día en el que no haga falta el observatorio de la accesibilidad? Ojalá que sí.

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